Con el despliegue de más de 5.000 funcionarios del CTI en todo el país, la Fiscalía General de la Nación cumplió su función constitucional de garantizar la transparencia del proceso electoral, el libre ejercicio del voto y las garantías democráticas de los colombianos
La estrategia institucional incluyó la presencia de fiscales, investigadores y servidores de policía judicial en las 35 seccionales del país, quienes atendieron denuncias ciudadanas e iniciaron investigaciones de oficio por hechos que pudieron constituir delitos electorales antes, durante y después de los comicios.
Durante la jornada democrática, la Fiscalía reportó la captura de 8 personas por presunta participación en delitos electorales:
- En Ricaurte (Cundinamarca), un hombre fue detenido con más de 110 millones de pesos en efectivo, sin justificar su procedencia.
- En Popayán (Cauca), cinco personas fueron capturadas por corrupción al sufragante, al verificar certificados de votación de ciudadanos y registrarlos en listados políticos.
- En Cumaral (Meta), se capturó a una persona por falsedad personal, al intentar suplantar a un testigo electoral.
- En Valledupar (Cesar), una mujer fue detenida por voto fraudulento, al sufragar en dos mesas diferentes.
La entidad también investigó un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco (Coyaima, Tolima), donde integrantes del ELN habrían ejercido presiones sobre la población para favorecer a un candidato.
De manera paralela, fueron materializadas 12 capturas contra personas con órdenes judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso abusivo a sistemas informáticos en Bogotá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila y La Guajira.
Asimismo, durante la jornada electoral se ubicaron 9 personas reportadas como desaparecidas, quienes acudieron a ejercer su derecho al voto en puestos de Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que actuó con independencia, rigor y oportunidad frente a cualquier conducta que atentara contra la transparencia electoral y el ejercicio libre de los derechos democráticos.